La Contralora Dorothy Pérez cuestiona duramente el proyecto de reajuste al sector público y alerta de la norma conocida como “amarre”
En su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la autoridad enfatizó la falta de datos completos para validar el costo del reajuste y criticó con fuerza la inclusión de una disposición que, a su juicio, altera competencias constitucionales del organismo fiscalizador, abriendo precedentes riesgosos para otros órganos autónomos.
Santiago, Chile. – La contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso este lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sus principales reparos al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca reajustar las remuneraciones del sector público, incluyendo asignaciones, aguinaldos y bonos. La autoridad destacó que la Contraloría no dispone de la información completa necesaria para validar las proyecciones de gasto asociadas a esta iniciativa, lo que impide cumplir con el rol fiscalizador que le corresponde.
Durante su intervención, Dorothy Pérez señaló que, pese a haber sostenido reuniones con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para revisar la metodología empleada, persisten deficiencias graves en los antecedentes disponibles. “La Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación”, explicó. Agregó que existen “otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos”, pero “no tenemos como validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos, ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se va a asignar estos pagos y beneficios”.
Críticas a la norma de “amarre” y su impacto en la carrera funcionaria
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto, y que concentró las mayores críticas de la contralora, es la denominada norma de “amarre”, que establece que los contratos de funcionarios transitorios a contrata expirarán por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre. Dorothy Pérez argumentó que esta disposición modifica de manera directa un régimen estatutario sin considerar sus efectos en el conjunto del sistema de empleo público.
La autoridad ejemplificó con casos concretos registrados desde marzo de 2022, donde personas han ingresado directamente a cargos con grados muy superiores, realizando funciones similares a las de funcionarios de planta que han tardado entre 15 y 20 años en ascender por la carrera funcionaria. “Hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años que han ido ascendiendo vía carrera. Sin embargo, de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores”, detalló.
En este sentido, resaltó los reclamos recibidos por la Contraloría: “Los funcionarios nos reclaman: ‘Qué injusticia se produce cuando ingresa alguien de manera directa y nosotros llevamos una década esperando’”. Añadió que, en ocasiones, estos ingresos directos implican “a veces a realizar la misma función. Lamento decir esto: a veces a aprender de funcionarios de planta, con una remuneración mucho mayor”.
Dorothy Pérez insistió en que el efecto práctico de esta norma “afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos, que se han desempeñado por largos años en la institución”.
Alteración de competencias y precedentes peligrosos
La contralora fue más allá al afirmar que la norma altera directamente las competencias de un órgano autónomo de rango constitucional como la Contraloría. “Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias”, sostuvo.
Enfatizó que “el hecho de que se pueda en una ley miscelánea de rango simple modificar la organización y las atribuciones de los órganos, es una cuestión que más allá del caso de la Contraloría, hay que preguntarse si abrir estos precedentes y estas compuertas es beneficioso”. Reiteró que “se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República” y que, en derecho estricto, “esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional”.
Las observaciones de Dorothy Pérez se suman a las críticas de la oposición, que ha calificado la disposición como una “ley de amarre” destinada a limitar despidos en el sector público. La discusión del proyecto continuó este martes en la comisión respectiva, donde se espera que se profundicen los análisis sobre el financiamiento adicional requerido y los impactos en la estructura del empleo público.
La intervención de la contralora refuerza la necesidad de abordar estos temas de manera integral, mediante una reforma al empleo público que considere tanto la equidad en la carrera funcionaria como el resguardo de la autonomía de los órganos fiscalizadores. El proyecto de reajuste, que incluye componentes que requieren validación presupuestaria precisa, enfrenta ahora un escrutinio más intenso tras las precisiones entregadas por la Contraloría.
